Concejo de Texas para Discapacidades del Desarrollo
Competencia criminal
Declaración de posición
Las personas con discapacidades suelen tener contacto más frecuente con el sistema de justicia penal que otros individuos, debido a una variedad de razones que incluyen discriminación, falta de conocimiento y capacitación acerca de las discapacidades y apoyos inadecuados de la comunidad. En comparación con la población general, las personas con discapacidades del desarrollo están en mayor riesgo de ser arrestadas, condenadas y sentenciadas a prisión así como de ser victimizadas una vez en el interior de las cárceles.i Una vez que los individuos con discapacidades entran en el sistema penal, la representación legal inadecuada en los procesos penales aumenta los resultados desfavorables.
Es posible que las personas con discapacidades del desarrollo tengan mayores necesidades de apoyo funcional en un una esfera que en otra del funcionamiento mental, el cual abarca modalidades de percepción, memoria y juicio. Su capacidad para procesar y retener información, y de relacionar causa y efecto puede estar afectada. Por tanto, dar atención a individuos con discapacidades cognitivas y de salud mental en el sistema de justicia penal impone diversos problemas.ii Un problema particular son las evaluaciones inválidas e inconsistentes para: 1) competencia para ser sometido(a) a juicio; y 2) responsabilidad criminal debido a enfermedad o defecto mental (defensa de demencia), ya que los actuales procedimientos de evaluación no abarcan en su totalidad las necesidades de personas con discapacidades.
El Concejo de Texas para las Discapacidades de Desarrollo considera que los siguientes principios fundamentales se aplican a las personas con discapacidades que se someten a evaluaciones de competencia.
- Las personas con discapacidades cognitivas y de salud mentaliii tienen igualdad de derecho a la protección y a debido proceso conforme a la ley.
- Las personas con discapacidades tienen derecho a ciertas protecciones, derechos y beneficios conforme al Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades, y dichas protecciones, derechos y beneficios abarcan al sistema de justicia penal.
- Un diagnóstico de retraso mental o de enfermedad mental no necesariamente significa que la persona es incompetente para ser juzgada pero es responsabilidad del abogado defensor y de la corte presentar la competencia como uno de los elementos en cuestión en los casos correspondientes, y en cualquier momento durante el proceso en que la competencia del acusado sea cuestionada.
El Concejo considera que los procedimientos de evaluación penal deben abarcar por completo las necesidades de personas con discapacidades, incluyendo los componentes siguientes:
- La intervención temprana que incluya un examen válido y clínicamente adecuado de la discapacidad antes, durante y después del arresto, así como un oficial con capacitación amplia en los procedimientos de fichaje e ingreso de individuos con discapacidades del desarrollo.
- Capacitación continua de profesionales de la justicia penal que se base en investigación y en las prácticas adecuadas para evaluar a individuos con discapacidades. Este programa de estudios debe incluir capacitación para detectar la posible existencia de discapacidades del desarrollo o discapacidades psiquiátricas; capacidades de comunicación adecuadas; y estereotipos y estigmas acerca de discapacidades no relacionadas con la actividad criminal.
- Una evaluación de competencia que sea realizada por profesionales capacitados que estén especializados en capacitación y experiencia en evaluación forense. Dicha capacitación especializada debe incluir capacitación sobre la competencia legal de adultos y los procedimientos adecuados para menores de edad.
- Protecciones de debido proceso, las cuales incluyen evaluaciones de competencia confiables, y estándares de edad y cultura específica con el fin de:
- Determinar la existencia de discapacidades cognitivas y de salud mental; los formatos de ejemplo incluyen la evaluación uniforme de evaluación de salud mental y de elegibilidad diagnóstica para retraso mental y formatos para condiciones relacionadas, y
- Determinar la competencia legal para adultos y la adecuación de procesos para menores de edad; los ejemplos de instrumentos incluyen la CAST-MR (Evaluación de Competencia para Procesar a los Acusados con Retraso Mental [MR, por sus siglas en inglés]) y el MacCAT-CA (Instrumento de Evaluación de Competencia MacArthur –Adjudicación Penal).
- Estas evaluaciones deben tomar en cuenta cualquier efecto importante en los resultados, debido a los antecedentes culturales del individuo, a su idioma de origen, su estilo de comunicación, sus incapacidades sensoriales, o los factores emocionales, de motivación o atención.
- Se deben desplegar esfuerzos razonables de adaptación durante todas las etapas de los procedimientos penales a fin de asistir al individuo para que comprenda y participe en los procedimientos en su defensa.
El Concejo está consciente de que la intervención temprana, la evaluación de protecciones para el debido proceso y las adaptaciones razonables son componentes que se imbrican en un sistema que da respuesta a las necesidades de las personas con discapacidades, y que dichos componentes deben estar disponibles para los supuestos infractores en todas las etapas del involucramiento del individuo con el sistema de justicia penal.
Revisado el 12 de febrero de 2010
**Si bien el término de “retraso mental” se ha sustituido por el de “discapacidades intelectuales y de desarrollo”, el término de retraso mental aún se usa en esta declaración de posición debido a las implicaciones legales que se basan en el diagnóstico específico de “retraso mental”.
iCasi 24 por ciento de la población adulta en prisión en este país está formada por individuos con retraso mental. (Dagher-Margosian, J., Representing the Cognitively Disabled Client in a Criminal Case, Disabilities Project Newsletter [Boletín del Proyecto para Discapacidades, Dagher-Margosian, J., Representación legal del cliente con discapacidades cognitivas, en un caso penal] Barra de Abogados del Estado de Michigan, Volumen 2, Número 2, marzo de 2006, Comité sobre el Proyecto de Iniciativas de Justicia sobre Discapacidades Iniciativa de Igualdad de Acceso, descargado el 24 de septiembre, de 09, de http://www.michbar.org/programs/Disabilities_news_6.html)
iiSe calcula que entre 50 y 75 por ciento de los jóvenes en el sistema de justicia juvenil padecen de trastornos de salud mental diagnosticables (Comisión de Libertad Probatoria de Menores de Texas. “Mental Health and Juvenile Justice in Texas” (“Salud mental y justicia de menores en Texas”). 2003. http://www.tjpc.state.tx.us/publications/reports/RPTOTH200302.pdf)
iiiEntre 20 y 35 por ciento de todas las personas con discapacidades intelectuales muestran también trastornos psiquiátricos. (Colaboración efectiva entre agencias para las personas con enfermedades mentales concurrentes y discapacidades del desarrollo, Kathryn duPree, Comisionada Adjunta, Departamento de Retraso Mental de Connecticut, descargado el 24 de septiembre de 2009, de http://www.nasddds.org/pdf/EffectiveInteragencyCollaboration.pdf)
